CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado de México, dominado por el partido oficialista Morena y sus aliados, aprobó el miércoles pasado una reforma al Instituto Nacional Electoral (INE) que, entre otras cosas, recorta su presupuesto y competencias a través del cierre de oficinas y despido de funcionarios permitiendo millonarios ahorros.
Como consecuencia, decenas de miles de mexicanos marcharon ayer contra las reformas, que la oposición califica de “dictadura electoral” porque en su opinión atentan contra la entidad encargada de organizar las elecciones presidenciales de 2024. Se trató de la mayor movilización contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde su llegada al poder, en 2018.
Pero, ¿en qué consiste el polémico “Plan B” de Andrés Manuel López Obrador que generó tanto descontento?
Es una iniciativa sobre la Reforma Electoral, en la que propone combatir las prácticas ilícitas de compra de votos. Incluye modificaciones en el calendario de elecciones, y en materia de justicia electoral.
La reforma propone eliminar el 85% de las plazas de su servicio profesional y disminuir su estructura territorial al eliminar 300 juntas distritales en todo el país, que son los órganos que preparan, organizan y celebran las elecciones, lo que provocará que alguno de los 32 estados del país, de 125 millones habitantes, tenga una sola persona encarga de la oficina electoral. Esto implicaría reducir los tiempos de capacitación de los funcionarios y deshacerse del Servicio Profesional Electoral Nacional.
Con el paquete de leyes se reducirán los salarios, la estructura institucional estatal del organismo electoral y el tiempo de capacitación de los funcionarios de las casillas, pero también se limitarán sus facultades de supervisión y sanción de los partidos y candidatos que no reporten los gastos de campaña.
El Plan B modifica distintas leyes: la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General de Partidos Políticos.
Con esos cambios se afectará la actualización y la depuración del padrón electoral. También desaparecerá el personal encargado de capacitar a los jurados de votación y se limitará la capacidad de monitorear la propaganda electoral en radio y televisión.
El recorte provocaría la ausencia de los funcionarios de casilla, lo cual pondría en riesgo el voto e incluso anularía una elección si no se instalan el 20 por ciento de las casillas de un distrito. Además, se modificaría la Lista Nominal de Electores, ya que un solo vocal operativo sería responsable de la actualización y depuración de esta información.
La reforma acotará las atribuciones del INE para sancionar a los funcionarios públicos que se expresen a favor de un candidato en campaña. Otro planteamiento es la posibilidad de que los legisladores que buscan su reelección deben separarse de sus cargos.
Además, garantiza el voto a poblaciones vulnerables -a personas en prisión preventiva y con discapacidad en estado de postración- y la regulación de las cuotas de paridad de género.
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El INE que se prepara este año para los comicios en dos Estados —Estado de México y Coahuila— y, dentro de un año y medio, las elecciones presidenciales. El árbitro electoral había reclamado que la reforma de López Obrador implicaba un drástico recorte en el presupuesto del organismo, que a su vez se traduciría en unos 6.000 despidos.
Según un análisis del propio INE, la reforma pone en riesgo la confección del padrón electoral, la instalación de casillas, la realización de los cómputos de los votos y la fiscalización de los partidos políticos y de las campañas electorales.
Los presidentes de los comités de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos estimaron este viernes que la aprobación de la reforma de la autoridad electoral en México “pone en peligro el futuro de las instituciones democráticas”, en un comunicado conjunto.
Agencias AFP y Reuters
LA NACION