Las negociaciones se empantanaron y el Gobierno decidió imponerse por la fuerza. Una resolución de la Jefatura de Gabinete ordenó el lunes que la TV Pública transmitiera los próximos amistosos de la selección argentina de fútbol, campeona del mundo 2022. La medida se sostiene en la aplicación de la ley de medios, pero incumple de manera evidente los procedimientos que allí se establecen para casos como este. Finalmente, ante el riesgo de una judicialización, todo quedará en un amago.
El Estado aceptó asumir una factura de casi 280.000 dólares por los derechos de transmisión del partido de este jueves contra Panamá en el estadio de River Plate, según fuentes empresariales y gubernamentales consultadas en el mediodía del martes. La cifra se negociará uno a uno ante los siguientes amistosos del conjunto nacional. Para el Mundial de Qatar, el Gobierno había desembolsado US$8 millones por la televisación de 32 encuentros del campeonato más relevante del deporte. Es decir, un precio por partido menor al que convalida ahora por este juego de carácter apenas celebratorio, sin valor competitivo.
Deseoso de subirse a la ola festiva del campeonato del mundo, el gobierno de Alberto Fernández quiso asegurarse que el canal estatal tuviera en su programación a Lionel Messi y compañía. Una pantalla caliente muy tentadora en épocas preelectorales. Sin embargo, le costó llegar a buen puerto las gestiones con la empresa titular de los derechos de transmisión de los amistosos de la selección, Torneos (cuyo principal accionista es DirecTV Latinoamérica).
El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, fue el encargado de anunciar el lunes la resolución que determina que será nominado de “interés relevante” -y por ende sujeto a la cesión forzada derechos de televisación- “todo partido amistoso nacional e internacional que dispute la selección mayor de fútbol masculino durante el año 2023″.
En los considerandos, el texto firmado por Rossi menciona dos leyes. En su primer párrafo, afirma: “La Ley N° 25.342 dispone que las asociaciones deportivas y/o los titulares de los derechos de transmisión televisiva de encuentros de fútbol donde participe la Selección Nacional Argentina, organizados por la Federación Internacional de Fútbol Asociado, la Confederación Sudamericana de Fútbol o el Comité Olímpico Internacional, deberán comercializar esos derechos de modo tal que se garantice la transmisión en directo de dichos encuentros a todo el territorio nacional”.
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Esa norma fue sancionada por el Congreso en el año 2000 y es explícita en el alcance de la obligación que dispone. Dice en su artículo 3: “Declárase alcanzado por lo dispuesto en la presente ley exclusivamente y con carácter taxativo los torneos deportivos correspondientes al Campeonato Mundial de Fútbol organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) en todas sus categorías y su etapa clasificatoria, la Copa América, organizada por la Confederación Sudamericana de Fútbol y los partidos de fútbol que se disputen en los Juegos Olímpicos”.
Es decir, los encuentros amistosos como el que la selección de Lionel Scaloni disputará contra Panamá y contra Curazao, el martes próximo en Santiago del Estero, no entran en el marco de esta legislación. En el correr de 2023, Argentina disputará seis fechas de eliminatorias para el Mundial 2026 que sí entrarán en la lógica de transmisión en abierto (en septiembre, octubre y noviembre). Antes, en junio, habrá otros dos amistosos con rivales y sedes por confirmar.
Más llamativa es la forma en que se justifica la aplicación de la ley de medios audiovisuales (26.522), un texto elevado casi a un estatus sagrado por el kirchnerismo desde su sanción, en 2009. Según Rossi, “El artículo 77 de la Ley N° 26.522 garantiza el derecho al acceso universal –a través de los servicios de comunicación audiovisual– a los contenidos de interés relevante y de acontecimientos deportivos, de encuentros futbolísticos u otro género o especialidad”. Y añade que “el artículo 78 del citado plexo normativo prevé como uno de los supuestos a alcanzar a aquellos acontecimientos de importancia nacional”.
Lo que no dice la resolución de esta semana es que esos dos artículos establecen un procedimiento muy preciso para determinar qué eventos adquieren la condición de “interés relevante” que justifica la cesión obligatoria de derechos a la televisión abierta.
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El mencionado artículo 77 sostiene que el órgano encargado del cumplimiento de la ley (antes el AFSCA, ahora el Enacom) “deberá elaborar un listado anual de acontecimientos de interés general para la retransmisión o emisión televisiva, respecto de los cuales el ejercicio de derechos exclusivos deberá ser justo, razonable y no discriminatorio”. Puntualiza que la nómina será diseñada “después de dar audiencia pública a las partes interesadas, con la participación del Defensor del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual”. Ese listado “será elaborado anualmente con una anticipación de al menos seis (6) meses”.
Nada de eso se cumplió. La Jefatura de Gabinete tomó la decisión de un día para el otro, después de que trabaran las conversaciones con la empresa titular de los derechos de televisación.
Además, el artículo 78 postula que deben tenerse en cuenta tres criterios para que un acontecimiento deportivo entre en esta categoría. El primero de ellos indica que se trate de eventos que hayan sido “retransmitidos o emitidos tradicionalmente por televisión abierta”, algo que no siempre ha ocurrido con los partidos amistosos de la selección argentina.
Al defender su decisión, Rossi prefirió los argumentos sentimentales: “Hace tres meses vimos y sentimos la emoción de un pueblo campeón del mundo. Esta semana, más de un millón y medio de personas intentaron comprar una entrada para volver a ver a la selección en casa. No es necesario abundar en el significado de estos partidos para nuestro pueblo”.
Torneos tiene los derechos de transmisión de todos los partidos de la selección argentina, que los televisa por el canal TyC Sports, cuya propiedad comparte con el Grupo Clarín. Es una señal que está incluida en los principales servicios de televisión por cable, que no requiere un pago adicional para acceder a los eventos que transmite. En el sector audiovisual cuestionan la decisión del Gobierno, al afirmar que 9 de cada 10 personas que ven televisión en la Argentina lo hacen a través de un servicio de cable, lo que volvería casi irrelevante en términos de alcance la decisión de compartir los derechos con la TV Pública. De hecho, el canal estatal no tiene cobertura en gran parte del territorio nacional, al que solo sirven las cableoperadoras.
LA NACION