Los letrados del Parlament de Cataluña han admitido que advirtieron a la Mesa del 1-O de que las leyes del procés podían contravenir de forma “clara” las resoluciones del Constitucional, aunque hasta 2019 dicho tribunal no prohibió de forma específica tramitar iniciativas parlamentarias afectadas por sus resoluciones.
Xavier Muro y Antoni Bayona, que en 2017 eran respectivamente secretario general y letrado mayor del Parlament, han declarado este miércoles como testigos en el juicio que se celebra en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra los exdiputados de Junts pel Sí (JxSí) de la Mesa que presidía Carme Forcadell, acusados de desobediencia al Constitucional por tramitar las llamadas leyes de desconexión que dieron lugar al referéndum ilegal y unilateral de secesión de Cataluña del 1-O.
Peticiones de inhabilitación
El juicio contra los exdiputados de la Mesa del Parlament Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó se celebra por segunda vez, después de que el Supremo ordenara repetirlo por falta de imparcialidad del tribunal que los juzgó en 2020.
En sus conclusiones definitivas, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado piden un año y ocho meses de inhabilitación para los cuatro procesados, tres de los cuales han optado por no acudir a la segunda sesión del juicio. Solo lo ha hecho Ramona Barrufet.
Advertencias
Los responsables jurídicos del Parlament han reconocido que, hasta 2019, la jurisprudencia del TC establecía que la Mesa no debía establecer un “filtro político” a las resoluciones que presentaban los grupos para su votación por el pleno, de forma que la inadmisión a trámite era “excepcional”, principalmente por cuestiones formales.
Sin embargo, han explicado, esa situación cambió a raíz de la declaración de ruptura con el Estado que el Parlament aprobó el 9 de noviembre de 2015 y las consiguientes resoluciones sobre el procés votadas por Cámara, que dieron pie a que el Constitucional advirtiera en varias ocasiones a la Mesa de su deber de paralizar cualquier iniciativa que supusiera ignorar sus resoluciones.
Desafío al Estado
En las tensas sesiones de los días 6 y 7 de septiembre de 2017, cuando se aprobaron las leyes de ruptura respecto al resto de España, “ya no solo teníamos la sentencia de declaración de ruptura, sino tres o cuatro resoluciones más derivadas de varios incidentes de ejecución”, ha apuntado Bayona.
“La situación cambiaba mucho con respecto al principio”, ha agregado el exletrado mayor, que ha explicado que por ese motivo se redactó un informe dirigido a la Mesa en el que se citaban los “precedentes” y se avisaba de que “podía haber un problema respeto al incumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional”.
Conocían el “riesgo”
Según el testigo, la advertencia era más bien “un recordatorio” de lo que establecía el TC: “Apreciábamos que teniendo en cuenta los antecedentes podría haber una situación de riesgo“.
En la misma línea se ha manifestado Xavier Muro, quien ha afirmado que la ley del referéndum y de transitoriedad jurídica que el Parlament aprobó los días 6 y 7 de septiembre de 2017 “entraban de manera clara en colisión con los mandatos del Tribunal Constitucional. Y así lo manifestamos“, ha remarcado.
Por ese motivo, Bayona y él mismo dirigieron un escrito de “página y media” a la Mesa en el que advertían de la prohibición del Constitucional y ordenaron al departamento de ediciones del Parlament que no publicaran las iniciativas legislativas en el boletín oficial del Parlament.
Muro ha coincidido en que los autos que el TC fue aprobando sobre las distintas resoluciones vinculadas al procés daban margen a “interpretación” en casos concretos, pero respecto a las leyes del referéndum y transitoriedad la prohibición era “bastante clara”.
Los letrados han precisado, no obstante, que hasta 2019 la jurisprudencia del Constitucional era “favorable al principio de admisión” de cualquier resolución parlamentaria, “excepto en el caso de problemas de tipo formal”.
A raíz de varios recursos de amparo, en el año 2019 el TC “clarifica de forma muy concreta” que la Mesa debe paralizar la tramitación de una iniciativa política que esté “claramente afectada” por sus resoluciones, han abundado.
También Pere Sol, que fue secretario general del Parlament hasta 2016, ha insistido en que la posición del Constitucional en esa fecha era que la Mesa “no debían entrar a analizar el contenido de las resoluciones”, aunque ha admitido que ese criterio “fue evolucionando”.
Desoyeron a los diputados no secesionistas
Este miércoles también han declarado como testigos los diputados no secesionistas que formaban parte de la Mesa que presidió Carme Forcadell (ERC). El entonces vicepresidente segundo de la Mesa y exdiputado de Cs José Maria Espejo-Saavedra ha testificado que los letrados de la Cámara catalana advirtieron a los miembros de la Mesa de forma “clara y explícita sobre que no se debería admitir a trámite” la ley del referéndum porque contravenía los mandatos del TC, así como en otras votaciones en que también consideraban que las iniciativas iban contra lo que había dictado ese tribunal.
Ha explicado que, como miembro de la Mesa, se opuso a admitir a trámite iniciativas parlamentarias que consideraba que contravenían al TC, y ha argumentado que la Mesa “no es poder legislativo, sino gubernativo” y debía inadmitir las propuestas afectadas por las prohibiciones del Constitucional.
Cambio de la orden del día por la ley del referéndum
Espejo-Saavedra ha recordado además que, en el pleno del 6 de septiembre de 2017, se hizo un cambio del orden del día para votar la ley de referéndum y que no fue “de manera regular”. Y también ha criticado que no se permitiese a su grupo parlamentario llevar esta proposición al Consell de Garanties Estatutàries (CGE).
En el mismo sentido se ha pronunciado el diputado del PSC David Pérez, también testigo en el juicio porque formaba parte de la Mesa en esa legislatura, que ha considerado que la votación en el pleno de las conclusiones de la Comisión de estudio del proceso constituyente fue “un poquitín irregular” porque no se había aprobado antes en la Mesa.
Pérez ha valorado que la notificación del TC que les instaba a impedir cualquier resolución que supusiera eludir la jurisprudencia del tribunal “era bastante clara, era clarísima“, a diferencia de lo que sostienen las defensas, que creen que fue una advertencia genérica.
“Ante una resolución del TC que te dice ‘éste, éste y éste tema no se pueden tratar en sede parlamentaria’, no te planteas si estás de acuerdo o no”, ha replicado cuando la abogada de la defensa Judit Gené le ha preguntado si estaba de acuerdo con las advertencias del tribunal.