Para pasar las Fiestas de fin de año, el presidente Joe Biden se llevó a toda su familia a la paradisíaca isla de StCroix, en las Islas Vírgenes estadounidenses. Jugó al golf, anduvo en bicicleta, fue a misa, descansó y parecía tomar ímpetu para tomar una decisión crucial que dijo que tomaría pronto: presentarse o no a la reelección en 2024, cuando podría reeditar un duelo contra el republicano Donald Trump.
Biden, que con 80 años sería el presidente más veterano de la historia, venía fortalecido, arropado con unas elecciones legislativas en noviembre mucho mejor de lo esperadas, con la inflación en baja y la popularidad en alza.
Pero, de regreso de sus vacaciones soleadas en el Caribe, su panorama se enturbió dramáticamente en Washington, cuando se reveló que sus abogados habían encontrado documentos clasificados en una oficina del Penn Biden Center, un centro de análisis que había fundado en esta capital después de su etapa como vicepresidente de Barack Obama.
Desde entonces, más documentos con el sello de confidencial se hallaron en el garage, junto a su antiguo automóvil Corvette verde, y en una habitación de su casa de Wilmington, Delaware.
Y, cuando se decía oficialmente que la requisa había sido “completada”, aparecieron este sábado más papeles secretos en su casa, donde el presidente estuvo recluido durante la pandemia y pasa casi todos los fines de semana.
Lo reveló el abogado de la presidencia, Richard Sauber, que tuvo que explicar cómo se habían encontrado nuevos ítems el jueves en la residencia familiar, que fueron “cinco páginas adicionales con marcas de clasificación”, más de lo que se había anunciado anteriormente.
Mientras la Casa Blanca intenta amortiguar el impacto de estas revelaciones, es indudable que complican inesperadamente las ambiciones de Biden, que pronto debe definir su futuro político.
El Departamento de Justicia ya ha nombrado a un fiscal especial para investigar el caso, Robert Hur, que avanzará sobre el tema, que comenzó a ser revelado oficialmente a cuentagotas recién cuando la prensa comenzó a publicarlo.
Más allá de los problemas judiciales que le pueda ocasionar a Biden, las sospechas por la falta de transparencia sobre el caso y las demoras en la divulgación enturbian su mandato.
Comparaciones con Trump
Los republicanos ya señalan que el presidente hizo lo mismo que Donald Trump, que se llevó cerca de 300 documentos secretos a su casa de Mar a Lago que fueron confiscados a la fuerza por el FBI y que es un hipócrita.
En ese entonces, Biden había sido muy duro con el magnate: “¿Cómo alguien puede ser tan irresponsable?”, dijo cuando le preguntaron sobre el tema y agregó que le preocupaba que allí hubiera “información que pudiera comprometer las fuentes y los métodos”.
La Casa Blanca dice que se cometió un “error” y habla de documentos que se “extraviaron inadvertidamente”.
Además, Sauber remarcó que los abogados de Biden actuaron “de manera inmediata y voluntaria” para entregar todos los documentos que fueron encontrados al Departamento de Justicia y a los Archivos Nacionales, una manera de despegarse de las inevitables comparaciones con el caso de Trump, que primero negó tener el material y luego se resistió a entregarlo hasta que el FBI allanó su casa.
Matthew Connelly, profesor de la Universidad de Columbia y autor de un libro de historia de los documentos clasificados, escribió en The New York Times que el propio funcionario encargado del tema reconoció que es inmensa la cantidad de documentos secretos que se generan cada año y que ya no se pueden contar cuántos son realmente.
Explicó que “el secreto tiene un poder propio. Permite a los funcionarios del poder ejecutivo clasificar y, por lo tanto, ocultar no solo información peligrosa que podría amenazar la seguridad nacional, sino también muchas cosas que simplemente prefieren ocultar al público”.
Más allá del escándalo con los documentos, el comienzo del año asoma difícil para el presidente por otro tema de alta sensibilidad: la primera potencia económica del planeta podría caer en cesación de pagos si los republicanos bloquean el aumento del techo de la deuda, una discusión que generará feroces peleas en los próximos meses.
La secretaria del Tesoro Janet Yellen, pidió el viernes al Congreso que actúe “de manera oportuna” para “aumentar o suspender” el límite de deuda federal porque si no lo hace el país podría caer en default.
Por la Constitución, todo tipo de toma de deuda tiene que ser autorizado por el Congreso. Estados Unidos periódicamente supera ese límite y generalmente demócratas y republicanos se ponen de acuerdo para poder aumentarlo o suspenderlo temporalmente por las consecuencias que una negativa generaría.
En 2011, por ejemplo, durante la presidencia de Obama, la falta de acuerdo derivó a que la calificadora S&P redujera de forma inédita la calificación de deuda del país de AAA –la mayor nota- a AA+.
El techo es hoy de US$ 31,4 billones y en este momento el Gobierno está a sólo US$ 78.000 millones de alcanzar esa cifra, lo cual -señaló Yellen- hizo que su área comience a tomar medidas contables de emergencia a partir del próximo jueves para prolongar la llegada al límite, un “parche” que podría extenderse durar hasta junio o un poco más.
Se espera que la pelea política por la deuda sea durísima, especialmente en la Cámara de Representantes, que controla la oposición, que a su vez está jaqueada por un grupo de republicanos radicales que buscan imponer su agenda. Los republicanos insisten con que la única manera que aprobarían el incremento del techo es mediante recortes de gastos, algo que los demócratas rechazan. El Congreso será un campo de batalla.