El Gobierno viene anunciando una agenda muy pretenciosa para los próximos meses, pero en los papeles tiene avanzado solo algunos asuntos puntuales. Una de las iniciativas que ya tiene cuerpo y que podría salir vía Boletín Oficial en los próximos días es la vinculado al pago de propinas con medios electrónicos, un cambio con impacto en la vida cotidiana que busca paliar la falta de efectivo en la calle y que acarreó una discusión con el gremio de los gastronómicos y con las cámaras del sector.
Se trata de una de los miles de proyectos que tiene en carpeta el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger y que ya tiene avanzado su periplo burocrático al interior de la administración pública para tomar forma de decreto. Por sus implicancias, en el trámite está participando el Banco Central (BCRA). Según pudo saber LA NACION, en la idea colaboró el exvicepresidente del BCRA Lucas Llach, un economista que –si bien no es funcionario– siempre trabajó cerca de Sturzenegger y estuvo muy abocado a todo lo referido a pagos por vías electrónicas.
El Gobierno quiere cambiar regulaciones para permitir que la propina que se le deja a mozos y otros trabajadores de comercios se pueda incluir en el ticket y abonarse con tarjeta de débito, crédito o con billeteras electrónicas. Actualmente, la mayoría de los comercios no permiten este mecanismo debido a que la ley de contratos del trabajo indica que la propina, si es habitual, debe ser considerada parte del salario. Por ese motivo, los empleadores pretenden que se pague en negro, cash, para que no tengan un posterior impacto en indemnizaciones.
La gestión de Milei pretende cambiar esa norma para que la propina ya no sea considerada parte de la remuneración. Según pudo reconstruir LA NACION, el decreto que está elaborando el Gobierno propone dos mecanismos: que los trabajadores puedan tener una “cuenta propina” en donde automáticamente sea depositado este concepto por cada pago, o que sea el empleador el que tenga un CBU especial cuyos depósitos luego sean distribuidos de forma equitativa entre los empleadores.
Fuentes oficiales aclararon que la propina no pasará a ser obligatoria, como ocurre en algunos países, sino que seguirá siendo opcional. La idea es que este tipo de pagos no queden impactados por el impuesto a los débitos y créditos, de modo que los montos lleguen limpios a los bolsillos de los empleados.
Un punto que está en evaluación es el de fijar en el decreto la prohibición expresa de que los sindicatos gastronómicos reciban algún tipo de comisión por estos pagos electrónicos.
Funcionarios del Gobierno mantuvieron conversaciones en las últimas semanas, tanto con las cámaras del sector, como con los sindicatos de gastronómicos. Hubo contactos tanto con la rama que conduce Luis Barrionuevo como la que comanda en la Capital Federal Dante Camaño, excuñado de Barrionuevo y fuertemente enfrentado con él en los últimos años por la conducción gremial.
El decreto del Gobierno no saldrá en la misma línea que reclamaba Barrionuevo. El histórico mandamás de los gastronómicos –que en la campaña volcó recursos para apoyar a Milei y luego se despegó– pretendía que la propina fuera obligatoria y que representara un porcentaje del total de la cuenta. Propuso cifras que oscilaban entre el 14% y el 18%, dependiendo del nivel y categoría del establecimiento. Sin embargo, en Casa Rosada son tajantes y aseguran que las propinas seguirán siendo voluntarias.