Cambray cree que el Constitucional ampara la política lingüística de la Generalitat en la enseñanza

El conseller de Educación de la Generalitat de Cataluña, Josep Gonzàlez-Cambray (ERC) –uno de los más acérrimos detractores del castellano como lengua también vehicular en la enseñanza pública de la autonomía–, ha celebrado la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de avalar la ley Celaá en cuanto al uso del castellano y las lenguas cooficiales en las aulas, y ha vaticinado que “todos los pronunciamientos” que haga el TC sobre esta cuestión irán a partir de ahora “en esta misma línea”.

Así lo ha manifestado este martes Cambray en declaraciones a la prensa, después de conocerse que el Constitucional ha rechazado el recurso presentado por Vox contra la nueva Ley de Educación del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos o ley Celáa, tal y como recoge una nueva ponencia que entiende que la norma respeta el derecho a usar el castellano y la cooficialidad de las lenguas autonómicas, señalando que en el sistema educativo debe haber “un patrón de equilibrio o igualdad entre lenguas”.

El ‘conseller’ cree que se ampara el monolingüismo en catalán

Cambray considera que “por primera vez” el Constitucional se ha pronunciado defendiendo que el aprendizaje de las lenguas en el aula “no va de proporciones ni de porcentajes”, y que de la Constitución no se deriva la necesaria fijación por parte del Estado de una proporción de uso del castellano en el sistema educativo.

En su pronunciamiento, el TC considera que de la Constitución no deriva la necesaria fijación por el Estado de una proporción de uso del castellano en el sistema educativo sino, conforme a la doctrina anterior del tribunal, “un patrón de equilibrio o igualdad entre lenguas” y un derecho efectivo a usarlas, que no niega la ley recurrida.

El mandatario ultranacionalista –que recientemente llegó a calificar de “aberrante” que en Cataluña puedan darse clases en castellano— se ha jactado de las nuevas leyes aprobadas por la Generalitat de Cataluña para burlar las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que dictan que al menos un 25% de las clases en esta autonomía deben impartirse en español, acabando así con la inmersión monolingüe obligatoria en catalán impuesto por el Govern desde los mandatos de Jordi Pujol. Dichas leyes de la Generalitat para impedir el bilingüismo en las aulas se encuentran en la actualidad también recurridas ante el Constitucional.

“Hoy, con prudencia, tenemos el primer pronunciamiento del TC, que hasta ahora no había pasado, que nos dice que el aprendizaje de las lenguas no va de porcentajes ni de proporciones, y entendemos que futuros pronunciamientos del tribunal deberían ir en la misma línea“, ha afirmado.

Conciertos a escuelas que segregan por sexo

Cambray, asimismo, considera que el aval del TC a la ley Celaá también supone una “victoria histórica” porque considera que da a la Generalitat un aval jurídico –en sus palabras– para no renovar los conciertos a las escuelas e institutos que segregan por sexo.

El TC expone que de la Constitución deriva un modelo educativo pluralista, pero no que “todos los modelos educativos hayan de recibir ayudas” ni un derecho subjetivo a la prestación pública.

En concreto, ha examinado si la prohibición de financiar públicamente la educación diferenciada “es contraria a la igualdad o a algunos de los derechos educativos que consagra el artículo 27” de la Carta Magna, concluyendo que no.

Cambray ha insistido en el modelo basado en la coeducación: “Los niños y niñas en las aulas deben crecer y aprender juntos, y con la coeducación nosotros seguiremos avanzando con la decisión que tomamos desde el primer día, y por tanto no renovaremos los conciertos de las escuelas que separan a niños y niñas”.